Las medidas de la agenda social –o “neoliberal”, como prefiere la CUT– son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. No modifican el modelo heredado de la dictadura
Parecen ser mayoría los chilenos que se creen inmersos en 30 años de postdictadura y una vida totalmente privatizada. Eso podría explicar semejante hartazgo unido al deseo de un cambio profundo. Los Carabineros continúan reprimiendo manifestaciones espontáneas y pacíficas con gases cada vez más fuertes, camiones hidrantes y perdigones que han causado lesiones oculares a cerca de 160 personas. Hay un afán por disparar a la cara. Ayer había niños atrapados en el humo y se oían disparos en la zona de Plaza Italia, epicentro de la lucha en Santiago. Una novedad es que, mediante un documento filtrado por hackers, se conoció que la Policía catalogó como “blancos de interés” a dirigentes de base para vigilarlos. Rigoberta Menchú se reunió en Santiago con referentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y condenó el accionar de Carabineros.
Termina un fin de semana de múltiples cabildos en instituciones de todo tipo y color y a lo largo y a lo ancho del país. En estas instancias de debate y conclusión los ciudadanos están reconstruyendo ni más ni menos que la subjetividad y el tejido social chilenos (muchos reconocen en ese marco lo indiferentes que eran antes de la evasión en el metro). Este lunes, después de varios días de marchas autoconvocadas, se espera una masiva a la que llamó Unidad Social, un conglomerado de 70 organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora NO+AFP, el Colegio de Profesores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El propósito es poner un freno al tratamiento en el Congreso de la agenda social planteada por el Gobierno, el polémico paquete de medidas anunciado por Piñera cuando Chile despertó y que no hizo otra cosa que acrecentar la furia popular. También se insistirá en la creación de una nueva Constitución que cambie de cuajo el sistema, en reemplazo de la heredada por la última dictadura.
La mesa de Unidad Social ha tenido un rol clave al promover los cabildos en los que han participado 10 mil chilenos desde el 24 de octubre, y huelgas y marchas. Con la presencia de un sindicalismo que acordó constituir un comité para paralizar a todos los sectores y avanzar hacia una huelga general, la convocatoria de mañana lleva el nombre de “Súper Lunes” y posee tres instancias. El primer punto de encuentro es el Congreso, al mediodía. Por la tarde, se esperan concentraciones en las principales plazas de Santiago en defensa de los 10 puntos del Pliego de las y los Trabajadores de Chile. Por la noche sonarán las cacerolas en los barrios. Como viene ocurriendo, esto se replicará seguramente en distintas regiones.
Hay una contradicción entre la fuerza y la valentía de esta sociedad y lo que ha podido conseguir. “El pueblo está convencido de que debe seguir en la lucha. Este maravilloso estallido social ha significado volver a tener una esperanza para terminar con desigualdades e injusticias. Pero en la mejora de condiciones de vida no se ha logrado nada. En términos reivindicativos, sólo se congeló el pasaje de metro”, dice Carolina Espinoza Tapia, trabajadora social, dirigenta sindical de Confederación Nacional de la Salud Municipal, vocera de NO+AFP y vicepresidenta de la Regional Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. “Hay una evidente falta de voluntad política para solucionar el conflicto. Es aberrante. No vemos ningún espacio de avance. El Gobierno sigue sin escuchar el clamor ciudadano. No ha hecho más que medidas cosméticas. Un cambio de gabinete de algunas personalidades y un paquete de medidas que son una burla y no modifican el modelo económico”, advierte la dirigente.
Las medidas de la agenda social –o “neoliberal”, como prefiere la CUT– son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. Todas, para materializarse, requieren de la aprobación del Parlamento. Hasta ahora sólo dos proyectos han superado esta instancia. Diputados dio el visto bueno al Seguro Catastrófico de Salud, caratulado de suma urgencia. Preocupa porque activa una transferencia de recursos públicos a clínicas y farmacias. Así lo explica Espinoza Tapia: “En Chile el 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, el resto en el sector de seguro privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapre), con condiciones muy superiores. No tenemos recursos humanos ni insumos básicos. Tenemos que atender en camillas en los suelos. Este proyecto permite que con recursos públicos se entreguen vouchers o dineros públicos para pagar a empresas privadas que hagan lo que los sistemas públicos no podemos hacer”.
Hoy continuaron las protestas. La que más llamó la atención fue la de un grupo de ciclistas que se dirigió a la casa del presidente, que le complicó las cosas al personal de seguridad del jefe de Estado. Los chilenos movilizados entienden que la agenda social profundiza el modelo neoliberal con proyectos que, incluso, datan de antes de la crisis.
“En el tema de la vivienda buscan transferir dineros públicos a empresas privadas para concesionar departamentos de baja calidad”, ejemplifica la trabajadora social. Este es un tema que podría tratarse justamente en la sesión del lunes. Otro que genera mucho malestar es el de reforma a las pensiones, que implica “mantener las AFP”. Es uno de los puntos más álgidos del conflicto: un sistema de salud dominado por bancos encubiertos de los empresarios más ricos y de algunas transnacionales.
A todo esto, “el poder legislativo, que es en teoría mayoría de oposición, ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos. Ha seguido aprobando la política del Gobierno”, analiza Espinoza Tapia. Guiados por esta percepción, los manifestantes recorrerán dependencias de congresistas de Santiago y Valparaíso. “No hay ningún atisbo de acercamiento a la asamblea constituyente para resolver de manera estructural los cambios”, añade la militante.